El Liberal

En los primeros días de diciembre, previos al debate de investidura, se produjeron dos hechos que deberían haber llamado la atención de cualquier observador de la vida política. Primero, que antes de que se constituyeran las nuevas Cortes ya se sabía quiénes serían no sólo los presidentes de las dos cámaras, Congreso y Senado, sino también los portavoces del mayor grupo parlamentario; quizá también los de los otros, aunque por serlo de los grupos minoritarios, su conocimiento no alcanzó la

misma relevancia que tuvo el de los primeros. Segundo, que el día en que se constituyeron las Cortes, conocíamos de antemano el voto de todos y cada uno de los representantes, lo que por cierto sucederá una y otra vez durante los próximos cuatro años.

Empezaré mi reflexión por este segundo hecho, pues en tanto que votante del veinte de noviembre, podría pensar que mis representantes no han hecho sino decidir de acuerdo con mi mandato. Si fuese así, querría decirse que una de las más viejas reivindicaciones en la historia de la democracia, la del mandato imperativo, podría alcanzar su realidad en estos momentos, en tanto que el representante elegido acabaría por someterse a la voluntad del representado. La Comuna de París de 1871 se construyó en torno a tal mecanismo: la sujeción de los representantes a la voluntad de los representados por medio del mandato imperativo. Quienes eran elegidos tenían que actuar de acuerdo a lo decidido por los representados y además tenían que dar cuenta de sus actuaciones ante ellos. El modelo fue

trasladado por Lenin a la Unión Soviética, donde el sistema de los soviets se organizó de acuerdo con el modelo de la Comuna.

Sin embargo, este modelo alternativo a la democracia representativa fracasó al ser inviable un sistema de representación en el que el representante queda atado de pies y manos ante el representado. En la democracia parlamentaria, el pueblo real, esto es, aquellos ciudadanos que ejercen sus derechos políticos, elige a sus representantes y éstos conforman la voluntad normativa del Estado sin mandato imperativo de aquéllos. En principio, la ley es expresión de la voluntad mayoritaria de los representantes, pero no de los representados, cuya función se limita en nuestra democracia a la elección de los representantes. Este modelo de democracia parlamentaria admite cierto grado de reformas de manera que el pueblo adquiera un mayor protagonismo político. Ejemplo de ello serían el referéndum y la iniciativa legislativa popular, pero nunca el mandato imperativo.

Entonces, ¿cómo es posible pensar que el mandato imperativo funcione en nuestro sistema político? En realidad ese mandato se ha introducido en nuestro sistema democrático, pero no en el sentido en que he apuntado con anterioridad y que se reivindicó históricamente, como un mecanismo por medio del que se sujetaba el poder de los representantes y se le vinculaba a la voluntad de los representados, sino que lo ha hecho de manera perversa, pues no obedece al intento de profundización en la democracia, sino justamente a una intención contraria, en tanto que la adopción del mandato imperativo se debe a los partidos políticos. Nosotros hemos elegido a unos representantes sobre los que hemos depositado nuestra confianza, aunque su obediencia se deba por encima de cualquier otra cosa no a nosotros, sus electores, sino a su partido. Es el partido el que ejerce de hecho un mandato imperativo sobre los representantes elegidos en las listas del mismo. Esta es la razón por la que cabe prever sin dificultad el voto de nuestros representantes, así como que también se pueda designar desde el partido a quiénes ejercerán la presidencia de las diferentes cámaras con antelación a su misma constitución.

La conclusión de tales prácticas resulta evidente. Los procedimientos parlamentarios quedan corrompidos, por lo que sólo cabe apelar a que la sociedad civil equilibre y contrapese el papel predominante que los partidos políticos han alcanzado en nuestra vida política. No se trata con ello de sustituir a los partidos, que son absolutamente necesarios en la vida política democrática, sino sólo reconocer el hecho de su insuficiencia.